¿Es posible concebir la justicia en forma separada de la participación ciudadana?

Todo depende de qué entendemos por participación ciudadana. Si se habla de ésta como las relaciones que se establecen entre Estado y sociedad a partir de la aplicación de la ley, lógicamente no es posible imaginar la justicia sin participación ciudadana.

Pero dicha participación puede definirse como la capacidad de la sociedad civil, de participar efectivamente en el conjunto de decisiones que se toman, alrededor de los mecanismos de justicia y por lo tanto incidir en los resultados que se obtienen.

La intervención estatal en los conflictos de la población puede que tenga como antecedente un hecho muy simple: Alguien se entromete, para bien o para mal, en un conflicto que es ajeno. De ahí en adelante, aspectos culturales, religiosos, ideológicos, políticos o jurídicos, han venido agregando un sin número de elementos que hacen muy difícil, si no imposible, ponernos de acuerdo sobre la mejor forma de intervenir en aquellos hechos que tienen algún impacto en nuestra conformación social.

El enorme, pesado y complejo aparato de justicia parece tener la intención de iniciar un lento recorrido hacia el punto original de donde a su vez provino: los conflictos humanos. Pero este proceso afronta serios obstáculos.

La administración de justicia estatal, por su naturaleza, es un instrumento eternamente atrasado frente a la dinámica social. Sus transformaciones estructurales y de respuesta, se llevan a cabo con rigidez y a un ritmo sumamente lento, por lo que queda desfasada de la complejidad de los acontecimientos.

Las posibilidades de subsistencia de la justicia estatal dependen fundamentalmente del grado de acercamiento y coherencia que tenga con la dinámica social en la que se encuentra inmersa.

La administración de justicia, aún si funcionara de manera eficiente, no podría responder por sí sola a los niveles de conflictividad, delincuencia e inseguridad que se viven actualmente.
La participación ciudadana es la consecuencia lógica de la crisis de los modelos clásicos de administración de justicia en todo el mundo.

Dicha crisis está redefiniendo las ideas alrededor de lo que se entiende por estado de derecho democrático y creando un nuevo marco en las relaciones Estado-sociedad, en tales procesos, la participación ciudadana juega un rol fundamental.

No cabe duda que para que la participación ciudadana corresponda a la capacidad de la sociedad civil de participar e incidir efectivamente, serán necesarios no sólo decisiones políticas y cambios jurídicos, sino también procesos educativos de largo alcance, dirigidos tanto a autoridades como a la sociedad en su conjunto.